COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Señorías, quiero comenzar mi comparecencia ante esta Comisión Mixta de la Mujer a petición propia puesto que me brinda la oportunidad en mi primera comparecencia ante esta Cámara, como Secretaría General de Políticas de Igualdad, de presentarles las líneas maestras que conforman mis objetivos dentro de esta legislatura.

Primero, tengo que agradecer la confianza depositada por el Gobierno en mi persona para desarrollar este cargo. Un cargo que representa la culminación de lo que ha supuesto una larga trayectoria por parte de organizaciones de mujeres en lograr que se incorpore en la agenda política, lo que constituía una larga lista de vindicaciones en todas las materias donde es preciso hacer efectivo el principio de igualdad.

La creación de la Secretaría de Políticas de Igualdad significa una apuesta del gobierno socialista por incluir en el organigrama del ejecutivo la materia de igualdad al objeto de impulsar políticas de mayor alcance, para lograr de este modo que las mujeres se desprendan de su dimensión de colectivo, nombre bajo el cual se engloba a la mitad de la población, porque el término colectivo lejos de potenciar, limita y coloca desde la asunción de problemas específicos, todas las políticas que se apliquen a las mujeres, cuando, señorías, no estamos ante problemas de carácter específico, sino que nos encontramos ante el reto de hacer extensivo el concepto de ciudadanía. Porque la democracia es un ejercicio de ciudadanía inscrito en el principio de igualdad de trato y consideración, donde todos los sujetos comparten los mismos derechos y obligaciones, pero también las mismas oportunidades vitales y profesionales.

El principio rector que configura los objetivos que pretendo desarrollar a lo largo de esta legislatura se basa en hacer efectiva la igualdad en todos los ámbitos, como una legítima aspiración democrática. Igualdad que no es sinónimo de semejanza, sino de homologación en cuanto a disfrutar de las mismas condiciones sociales y a lograr una equivalencia de trato en el plano de las oportunidades personales y sociales. Igualdad no remite a lo idéntico, puesto que todos los sujetos mantienen idiosincrasias y singularidades en aras a su condición de individuos, una sociedad es igualitaria en la medida que convalida a todos los sujetos por igual y les otorga el mismo rango.

A la Secretaría General de Políticas de Igualdad, con rango de Subsecretaría, bajo la superior dirección del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales le corresponde la dirección, impulso, coordinación general y supervisión de los Centros Directivos dependientes de la misma: Instituto de la Mujer, Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y Observatorio contra la Violencia de Género. De sus funciones daré cuenta en breve.

 En el ámbito del mainstreaming, o transversalidad resulta imprescindible:

Impulsar la incorporación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todas las políticas de los diferentes ámbitos de actuación, así como impulsar la coordinación de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado, en las de la Administración Autonómica y de la Administración Local.

También promover la participación, en materia de Igualdad de Oportunidades de los agentes sociales y fomentar con ello la participación del movimiento asociativo en dicha materia. Así como analizar, elaborar, coordinar y realizar un seguimiento de los programas de actuación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres al objeto de promover y consolidar la transversalidad en la aplicación del principio de igualdad de oportunidades.

En el ámbito  de carácter internacional, la propuesta de esta Secretaría de Políticas de Igualdad de Oportunidades es:

Potenciar la presencia española en los Foros Internacionales, adquiriendo un papel dinamizador e impulsor de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres; así como impulsar y coordinar la ordenación normativa en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a los organismos competentes.

En el ámbito socio-laboral, la Secretaría apuesta por dos ejes básicos:

Impulsar y tutelar políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, para mujeres y hombres y, promover la integración social, económica y laboral de mujeres en situaciones especiales de exclusión y discriminación, de acuerdo al principio de igualdad de trato.

En lo que se refiere al ámbito de la formación y la educación, me propongo extender la formación y ampliar los contenidos a tratar:

Promoviendo la formación académica superior en materias de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, al objeto de crear especialistas en esta materia e impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la resolución pacífica de conflictos en los currículos académicos.

La violencia, como saben sus señorías, es también uno de los ámbitos prioritarios. En este sentido, se pretende dar un impulso fuerte a la lucha contra la violencia de género:

Activando el desarrollo de la normativa vigente, así como impulsando nuevos procedimientos jurídicos contra la violencia de género, adoptando las actuaciones necesarias para combatir esta forma de violencia.  También, promocionando, fomentando y desarrollando las  condiciones que posibiliten la erradicación del tráfico de mujeres y la prostitución.

Le dedicaré especial atención en la segunda parte de esta comparecencia al tema de la violencia, el actual proyecto de Ley lo reclama y entiendo que también sus señorías.

Y por último, no quiero dejar de señalar otro planteamiento estratégico de esta Secretaría de Políticas  de Igualdad, cual es el de la innovación y la calidad en los programas a impulsar y desarrollar desde el Instituto de la Mujer.

En este nuevo planteamiento, el  Instituto de la Mujer creado mediante Ley en 1983, que sigue siendo organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, redefine su papel, en cuanto a pretender transformarse en un futuro en un organismo de referencia, cuyos programas priorizarán los contenidos experimentales e innovadores. El Instituto de la Mujer concreta como instrumento las políticas de igualdad dentro de la Secretaría de Políticas de Igualdad y abriendo nuevas líneas y ámbitos de actuación, a saber:

La Subdirección General de Programas, responsable hasta ahora del desarrollo de programas en el ámbito de la educación, la salud, el empleo, etc., se refuerza, transformándose en una Subdirección General de Programas Experimentales: Innovación y Calidad, al objeto de desarrollar programas experimentales con metodologías, propuestas de interés, sumando áreas no tradicionales del Instituto, como bioética, las mujeres mayores, diversidad y desarrollo humano –mujeres con discapacidad, inmigrantes y todos aquellos colectivos que protege el art. 13 del Tratado de Roma en relación con la igualdad de trato. Así como una incidencia en los agentes de socialización como son los medios de comunicación, especialmente en cuanto a la elaboración e impulso de códigos éticos en materia de igualdad, etc.

El INSTITUTO DE LA MUJER como viene haciendo seguirá dedicándose al diseño y puesta en marcha de los Planes de Igualdad, así como otras actuaciones propias de su competencia.

La creación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con rango de Dirección General y con dependencia directa de la Secretaria General de Políticas de Igualdad se constituye como una nueva estructura  a la que corresponde:

  1. Formular la política del Gobierno en relación con la violencia de género y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia y que necesariamente habrán de comprender todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la garantía del derecho de las mujeres a vivir sin violencia.
  2. Analizar las magnitudes y características del fenómeno de la violencia de género así como elaborar estudios e investigaciones que sirvan para el análisis y diagnóstico de las nuevas manifestaciones de la violencia de género e iniciativas que han resultado efectivas en el entorno de la Unión Europea
  3. Impulsar medidas normativas para luchar contra la violencia de género
  4. Impulsar acciones o intervenciones preventivas y educativas en la materia
  5. Elaborar campañas de divulgación y de sensibilización incidiendo en los necesarios cambios de roles sociales y culturales
  6. Recopilar y sistematizar las resoluciones judiciales en materia de discriminación por razón de sexo, incluyendo todas las referencias a violencia de género
  7. Impulsar experiencias piloto, mediante una línea de financiación a proyectos innovadores, presentados por organizaciones no gubernamentales
  8. Evaluar la efectividad de la normativa y medidas puestas en marcha para luchar contra la violencia de género
  9. Elaborar e implementar sistemas de indicadores sobre violencia de género
  10. Seguimiento de mensajes en medios de comunicación sobre los diferentes manifestaciones de la violencia de género

 

A la  Subdirección General de Relaciones Institucionales le corresponde:

  1. Controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de compromisos contraídos por España con organismos internacionales, en materias propias de su competencia
  2. Coordinar el Observatorio de Violencia
  3. Cooperar con los departamentos ministeriales con competencias en la materia
  4. Establecer mecanismos eficaces de coordinación entre las Administraciones Públicas con competencias en la materia
  5. Dirigir, coordinar y promover el diálogo con las asociaciones de mujeres y, singularmente con todas las que sus actividades están dirigidas a combatir la violencia de género.

 

Subdirección General Observatorio contra la Violencia de Género

1.- Se crea el Observatorio Nacional de la Violencia de Género como un órgano colegiado adscrito a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el cual deberá prestarle la cobertura administrativa necesaria para el correcto funcionamiento.

2.- Corresponde al Observatorio Nacional de la Violencia de Género el ejercicio de las siguientes funciones:

  1. Asesorar al Delegado/a en todo cuanto se refiera al desarrollo de la presente Ley y formular todo tipo de iniciativas y sugerencias en relación con la materia que regula
  2. Formular el Delegado/a propuestas sobre criterios de coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones de las diversas Administraciones Públicas y de los órganos de ellas dependientes en el desarrollo de la presente Ley
  3. Colaborar a petición del Delegado/a, con otras instituciones y administraciones territoriales
  4. Elaborar anualmente un informe y dictamen sobre el tratamiento de la imagen de la mujer en los medios de comunicación
  5. Elaborar los estudios, informes y dictámenes que le sean encomendados por el Delegado/a, y de forma anual, presentar un informe que deberá remitirse al Congreso de los Diputados.
  6. Evaluar la efectividad de las medidas ejecutadas en desarrollo de la Ley
  7. Establecer mecanismos eficaces de coordinación entre las Administraciones Públicas
  8. Establecer un marco común de indicadores para todas las CC.AA:
    – fomentando la inclusión de indicadores sobre violencia
    – desarrollará métodos para mejorar la comparabilidad, objetividad y fiabilidad de la información
    – reunirá, registrará y analizará las informaciones y datos
    – realizará investigaciones y encuestas científicas
    – creará un fondo de documentación abierto al público
    – formulará informes, conclusiones y dictámenes sobre la situación de la violencia de género, publicándolos periódicamente
    – facilitará y fomentará la organización y celebración de debates y reuniones con participación de ONGs
  9. Cualquier otra función que se le atribuya por disposición legal o reglamentaria

 

3.- El Observatorio Nacional de la Violencia de Género tendrá la siguiente composición:

Presidente. El Delegado/a

Vicepresidente. La Directora General del Instituto de la Mujer

Vocales. Un representante del Ministerio de Justicia, uno de Sanidad y Consumo, uno de Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, un representante del Ministerio de Educación, un representante de los Institutos de la Mujer autonómicos u órgano equivalente, cinco representantes de las asociaciones más representativas de mujeres, de ámbito nacional y con experiencia en programas dirigidos a combatir la violencia de género; un representante de la FEMP; uno de la Federación de Asociaciones de Vecinos; uno de los sindicatos más representativos; tres personas expertas en igualdad y violencia.

Secretario/a. Un/a funcionario/a adscrito a la Delegación y designada por su titular. Actuará con voz pero sin voto.

Desde la Secretaría de Igualdad, quiero compartir con sus señorías las políticas concretas en las que quisiera centrarme, teniendo en cuenta que estaré abierta a cuantas propuestas pudieran hacerse en esta comparecencia.

En cuanto al mainstreaming, el impulso de la transversalidad supone que se incorporen y articulen  unidades de igualdad en los distintos Ministerios, a través del Ministerio de Administraciones Públicas. Del mismo modo, la transversalidad estaría presente en aquellos nuevos compromisos marcados por el Gobierno a lo largo de esta legislatura. Por citar un ejemplo, la discusión sobre si los diferentes estatutos de autonomía ofrecen una oportunidad para que las Comunidades Autónomas consideren y validen el principio de igualdad de oportunidades en la redacción de los estatutos de autonomía.

  • La Ley de Garantía de la Igualdad de Oportunidades, tal y como recoge el programa electoral
  • La creación de una Adjuntía que se ocupe de aquellos aspectos relativos a la igualdad y contra la violencia de género (Lo que significa modificar la Ley del Defensor del Pueblo, que también se recoge en el programa electoral.
  • La colaboración intensa y sostenida con las Comunidades Autónomas para profundizar en las políticas de igualdad en los distintos ámbitos.
  • La participación activa en el diálogo social
  • La paridad en todos los órganos de representación públicos y también en las organizaciones públicas y privadas (empresas, ONG,S, etc.)
  • La creación de un Consejo de Participación que será el espacio de interlocución y coordinación entre el Gobierno y las organizaciones de mujeres. Propuesta que también forma parte del Programa electoral.

NATURALEZA Y CARACTERES DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA

 El punto de partida de esta ley estriba en el principio de que todos los estados de derecho tienen la obligación de proteger la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. En esta lógica, nuestra Constitución incorpora en el artículo 15 el derecho de todos a la vida y a su integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas, penas, o a tratos inhumanos y degradantes.  Y la presente Ley pretende velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales que son inherentes a la condición de ciudadanas, porque es esta condición la que se ve gravemente comprometida si no se garantizan los derechos de libertad, igualdad, seguridad, y, sobre todo, el derecho a la vida.

La violencia ejercida sobre las mujeres lesiona los valores constitucionales al vulnerar la integridad física y moral de las personas que la padecen, además de representar una violación de los derechos humanos, que afecta a todas las sociedades modernas y a los valores democráticos que las rigen.

Porque la democracia es un ejercicio de ciudadanía inscrito en el principio de igualdad de trato y consideración, donde todos los sujetos comparten los mismos derechos y obligaciones. El derecho a la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, como el libre desarrollo de la personalidad -artículo 10 de la Constitución Española- y las obligaciones de respetar la ley y los derechos de los demás.

La dignidad de la persona se quebranta en la medida que se trasvasan los límites que todo individuo posee como ciudadano, esto es, la propiedad de sí mismo y la no pertenencia a otro sujeto constituyen el principal rasgo que define la modernidad. No en vano, este principio ha inspirado las sucesivas Cartas de Derechos Humanos, las cuales subrayaban que la adscripción a un grupo determinado: género, raza, creencia religiosa, edad u orientación sexual, en ningún caso podía vulnerar este principio.

Sin embargo, la igualdad como aspiración democrática encuentra diferentes vertientes en el plano de la efectividad. Igualdad no es sinónimo de semejanza, sino de homologación en cuanto a disfrutar de las mismas condiciones sociales y a lograr una equivalencia de trato en el plano de las oportunidades personales y sociales. Igualdad no remite a lo idéntico, puesto que todos los sujetos mantienen idiosincrasias y singularidades en aras a su condición de individuos, una sociedad es igualitaria en la medida que convalida a todos los sujetos por igual y les otorga el mismo rango.

Nuestras sociedades si bien legislan la igualdad, ésta no es efectiva entre hombres y mujeres. Señorías, conocen muy bien la tasa de empleo femenino, o la presencia de mujeres en puestos de decisión, o en lugares de reconocido prestigio como Universidades y Academias de los diversos ámbitos del saber. Pero sobre todo, la igualdad no se registra en cuanto a uno de los capitales más decisivos en la consecución de la autonomía personal y profesional: el uso y distribución del tiempo propio. Es de todos conocido, que el ámbito doméstico y las responsabilidades familiares suponen una penalización en el horizonte profesional femenino. Desde los organismos de igualdad, hasta cualquier ámbito de actuación se nombra como un problema femenino la falta de disponibilidad para atender –en igualdad de condiciones- los requisitos del modelo productivo. Es hora de preguntarnos si se trata de un problema imputable a la mujer, o se trata un reparto desigual de oportunidades y, por lo tanto, de un déficit democrático.

Este desigual reparto responde a unos comportamientos de género, es decir, a un proceso de socialización que marca distintas expectativas sociales entre hombres y mujeres. Mientras que el concepto sexo alude a unas características biológicas, en virtud de las cuales no sería posible establecer diferencias, en cambio, el término género nos permite detectar y modificar una serie de conductas que, llevadas al extremo, modulan la violencia ejercida contra las mujeres. Por ejemplo, el pensar que el papel de esposa o compañera sentimental, al margen de que exista una relación de convivencia, trae consigo una relación de subordinación ante las demandas masculinas.

El término género nos permite entender la especificidad del maltrato femenino, en cuanto que no existe otro conflicto que contenga respuestas semejantes por parte de quien sufre una violencia determinada. En cualquier otro conflicto la víctima pide ayuda, da cuenta de su situación, o busca los recursos a su alcance para salvaguardar su integridad. Pero el aprendizaje de género, que se ejerce a través de los roles, invierte el esquema antes citado. No solicita ayuda, puesto que lo habitual es mantener en secreto los sucesivos episodios de violencia –el término medio de permanencia en el hogar es de cinco años- según una macroencuesta realizada en el Instituto de la Mujer;  tampoco se cree portadora de derechos y lejos de actuar garantizando su seguridad se siente culpable de las agresiones que sufre, además de rehabilitar al maltratante, ofreciendo nuevas oportunidades y aplazando decisiones, en una espiral de agresión y reconciliación. Pero, incluso, cuando la relación se ha dado por finalizada, este punto y final constituye un riesgo para la mujer, puesto que su ex compañero sentimental o su excónyuge censura esta decisión, y no admite el derecho a la desvinculación por parte de la mujer. Por estos motivos, el texto legal se denomina Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Es cierto que la doctrina jurídica basa la identificación entre justicia y legalidad en el origen democrático del derecho, y si bien este principio fundamenta su ejercicio, también es cierto que parte de una premisa de igualdad que no se corresponde con la realidad. La doctrina jurídica, así como el intérprete y aplicador de la ley, tiene la función de velar por que se haga efectiva la democracia y corregir cualquier desigualdad que comprometa sus resultados. Y, nuestra sociedad, señorías, registra importantes diferencias y cuando éstas son objetivables, (del número total de víctimas de violencia doméstica las mujeres representaron el 90,2, de las víctimas durante el año 2003) es fácil constatar que en este país hay un problema de violencia contra las mujeres y no un problema de violencia contra los hombres. Pretender minusvalorar este hecho, aludiendo a otros sujetos pasivos, que están amparados por el código penal, supone una dejación de responsabilidades, que contradice el  artículo 9.2 de la Constitución, que insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

En esta lógica, y de acuerdo con los principios de la jurisprudencia constitucional de países democráticos, toda diferencia es susceptible de corregirse mediante medidas de acción positiva. Medidas que se justifican desde la perspectiva constitucional, en cuanto están destinadas a contrarrestar los efectos de discriminación para lograr la equiparación jurídica y real de los colectivos a quienes se dirigen. Señorías tengo que aclarar que las actuaciones derivadas de la acción positiva no van destinadas a perjudicar a los hombres como agresores,  sino que va destinada a combatir la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas, una violencia que ya está presente como parte de la cultura antes del inicio de cada una de aquellas relaciones de pareja que terminen en violencia.

En suma, la violencia contra la mujer vulnera los derechos constitucionales ligados a la igualdad como un principio regulador de la democracia efectiva. Es un problema estructural que se registra en todos los países, con independencia de su grado de desarrollo y se asienta en una deficitaria democracia de la vida privada, dado que toda relación de servidumbre contradice el principio de reciprocidad y respeto que preside toda relación entre iguales.  Pero también, la violencia de género resulta un indicador del grado de desarrollo democrático de un país, a pesar de que no sea consciente de lo que esto significa para nuestro propio concepto de progreso y desarrollo. Se trata, por tanto, de un problema ciudadano de primera magnitud, como demuestran las estadísticas sobre muertes de mujeres víctimas de violencia, en el ámbito familiar, en España.

Según la última encuesta sobre malos tratos, realizada por el Instituto de la Mujer, en el año 2002, casi 700.000 mujeres españolas, mayores de edad, declaraban haber sido víctimas de malos tratos, durante el año 2001. Está cifra aumentaba a 2.000.000, en los casos de mujeres que, pese a no reconocerse explícitamente como víctimas, sí eran técnicamente definidas como mujeres maltratadas.

Y, con partiendo de la misma fuente, en el año 2003, murieron, como consecuencia de la violencia de género, en el ámbito doméstico, un total de 85 mujeres y, concretamente, a manos de su pareja o expareja, 66. Datos que coinciden con el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial.

Por ello, la protección de la vida de las mujeres es nuestra mayor preocupación, cumpliendo con el principio de responsabilidad que marca la Constitución en el artículo 9, respecto al papel que deben ejercer los poderes públicos, en relación a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivos. Se trata de hacer extensivo el principio de ciudadanía, en cuanto que se exige de los poderes públicos estatales, autonómicos y locales, ofrezcan respuestas más eficaces para corregir  esta desigualdad.

Para el Gobierno y, por tanto, para esta Secretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la lucha para la erradicación de la violencia de género, constituye una prioridad de primer nivel.

PASOS DADOS PARA ACABAR CON ESTE PROBLEMA

Los pasos dados en nuestro país, desde la aprobación  de la Constitución española, en este sentido, han sido muchos e importantes, aunque no sean suficientes, a juzgar por las cifras.

Sirvan, como ejemplo, la creación del Instituto de la Mujer, en octubre de 1983; los cuatros Planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, aprobados desde el año 1988; los dos Planes de Acción contra la violencia doméstica, aprobados desde el año 1998, las distintas reformas de la legislación penal y procesal; entre otras, las de los años 1989 [1], 1999 [2], 2002 [3], y del pasado 2003 [4] y, especialmente, la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.

Esta Ley, como sus señorías conocen, fue tramitada, a partir de la iniciativa de todos los Grupos Parlamentarios, y aprobada por unanimidad de ambas Cámaras Legislativas. Supone un importante avance, en la lucha contra la violencia doméstica, porque unifica los diferentes instrumentos de protección de la víctima, previstos por el ordenamiento jurídico, facilitando la coordinación de la actuación de los distintos organismos públicos competentes. No cabe duda, por tanto, de que se han producido avances.

LOS PASOS DADOS HAN RESULTADO INSUFICIENTES

 Tampoco cabe duda de los esfuerzos que las y los profesionales que trabajan en esta materia tan compleja han aplicado a su tarea (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, trabajadoras sociales, psicólogas/os, personal sanitario, personal al servicio de la Administración de Justicia, Fiscales, Jueces/zas y Magistrados/as, etc.). Pero también es preciso, contar con sus señorías en el apoyo de esta ley, puesto que ustedes representan el poder legislativo. Y la legislación que se promueva con esa finalidad han de ser continuos y constantes.

Sin embargo, es preciso sensibilizar a toda la sociedad, porque pese a los datos objetivos que evidencian el grave problema de la violencia ejercida contra las mujeres, este fenómeno ocupa el doceavo lugar en la última encuesta del CIS, respecto a la identificación de preocupaciones que más inquietan a esta sociedad. Por estos motivos, el Gobierno considera que el cambio ha de concertar a todos los sectores, educativo, social, sanitario, publicitario, porque en desde estos frentes puede actuarse en el plano de la prevención de la violencia.

NUEVO ENFOQUE DEL PROBLEMA

 En términos de proceso, se ha pasado de una política basada en medidas puntuales, previstas en los Planes de actuación para la Administración General del Estado, así como en reformas normativas a una política integral que culmina en una Ley Integral contra la violencia de Género. Todas las actuaciones, con diferentes contenidos detectan el problema y arbitran respuestas, pero la situación precisa de una norma que unifique en un mismo texto legal medidas de prevención, protección, asesoramiento, información y tutela. El Gobierno ha decidido actuar contra la violencia de género y culmina este proceso con un referente normativo único y del máximo nivel, con el fin de que la ciudadanía pueda exigir su debido cumplimiento: una Ley Orgánica integral de medidas contra la violencia de género.

Una ley integral que, como su nombre indica, abarque actuaciones de sensibilización e información, educativas, sanitarias, asistenciales, laborales y de seguridad social, además de penales, procesales y judiciales, medidas todas ellas que permiten un enfoque global de esta problemática y que están avaladas un presupuesto que permita lograr su máxima efectividad.

 

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA INTEGRAL DE MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 1.    Denominación de la Ley

 La Ley, que el Gobierno pretende que el Parlamento apruebe, se denominará, finalmente, Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia de Género.

Y, se denominará, de esta manera, porque se trata de una Ley Orgánica cuya finalidad es erradicar la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres. Violencia que no puede ser entendida sin recurrir al aprendizaje de los comportamientos de género que manifiesta el agresor, y a la indefensión que muestra la víctima. Cuyos roles, lejos de solucionar, agravan las situaciones de violencia. Pensemos en la falta de reconocimiento del agresor, que justifica la agresión a la falta de cumplimiento en su papel de esposa, o compañera sentimental como el principal motivo que desencadena la violencia.

De no intervenir, justo allí donde se modula la violencia: en el ejercicio de unos roles, entendidos bajo el esquema un esquema de dominación-sumisión, no sólo restaríamos eficacia en las actuaciones, sino se crea así que el agresor no reconozca, según el género del agresor y el de la víctima va íntimamente unido a la explicación de dicha violencia.

Esta violencia es una amenaza que existe para todas las mujeres y cada nuevo episodio atemoriza colectivamente al grupo de mujeres y refuerza la superioridad de los hombres. La violencia contra las mujeres influye en toda la población, y empuja al resto de las mujeres a tolerar conductas masculinas que no tolerarían si no tuvieran miedo de los hombres.

 

1.2.    De Anteproyecto de Ley Orgánica a Proyecto de Ley Orgánica: Metodología Participativa

 

Una vez realizada esta aclaración, paso, seguidamente, a referirme al contenido concreto del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia de Género, Anteproyecto que ha recibido el dictamen positivo del Consejo de Estado, , del Consejo Económico y Social y del Consejo Escolar del Estado. Siendo desfavorable el dictamen de una parte del Consejo General del Poder Judicial.

 

El Anteproyecto ha sido remitido también a las asociaciones de mujeres, porque queremos que ésta sea una Ley muy participada en la que intervengan todos los sectores afectados.

 

Con todas estas aportaciones, el Consejo de Ministros aprobará finalmente el Proyecto de Ley, que se remitirá a las Cortes, para su eventual aprobación, previsiblemente en este periodo de sesiones.

 

Quiero sus señorías manifestarles que es nuestra intención que esta Ley sea aprobada con un amplísimo apoyo en el Parlamento, en todas las instituciones, por todos los agentes sociales y por todas las organizaciones especializadas.

 

La Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia de Género supondrá un paso decisivo en la lucha para la erradicación de los malos tratos que sufren las mujeres.

 

1.3.    Efectos Legislativos

 

Como consecuencia del contenido del Anteproyecto quedan modificadas trece disposiciones legales, entre ellas cinco leyes orgánicas.

 

En concreto, se modifican: La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial; la Ley 1/2000, de enero, de Enjuiciamiento Civil; la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882; la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad; la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio; y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

1.4.    Técnica Normativa

Quiero señalarles que estamos ante un buen Anteproyecto, desde el punto de vista de la técnica normativa utilizada, ya que, se trata de una Ley que combina preceptos sustantivos, que regulan “ex novo” materias no reguladas, previamente, por otras disposiciones legales, con preceptos instrumentales, esto es, reformadores de otras Leyes.

Como consecuencia de ello, está Ley Orgánica será referencia obligada, en el ordenamiento jurídico, dentro del proceso de avance legislativo en los derechos de las victimas de esta violencia.

Ello no se hubiera conseguido, en el supuesto de haber sido tan sólo una ley instrumental, esto es, una ley reformadora de preceptos sustantivos de otras leyes, puesto que producida la reforma su contenido se subsumiría en el de cada una de las leyes reformadas.

Esta ha sido precisamente la línea seguida por numerosas disposiciones legales, adoptadas en los últimos años, en materia laboral, de seguridad social, penal o procesal.

Además, nos encontramos ante un Anteproyecto novedoso, en muchos aspectos, innovador, avanzado y progresista, que, previsiblemente, una vez aprobado, se situará a la cabeza de la normativa europea en la materia.

6. Análisis del Contenido del Anteproyecto

6.1 ObjetO:

Como su propio nombre indica, la Ley Orgánica tiene como objeto prevenir la violencia ejercida sobre las mujeres, mediante la regulación de las medidas necesarias para luchar con eficacia contra ella, y garantizar la asistencia, la protección y el resarcimiento de los daños padecidos.

6.2. Concepto de violencia y tipos que comprende:

De acuerdo con esta Ley, se entiende por violencia ejercida sobre las mujeres, la utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Esta violencia comprende: la violencia física y la psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, la coacción, o la privación arbitraria de libertad, tanto en la vida pública como privada, cuando el principal factor de riesgo lo constituya el hecho de ser mujer.

Por tanto, el ámbito de aplicación material de la Ley Orgánica comprende la violencia ejercida sobre quien sea o haya sido la esposa del agresor, o mujer ligada a él por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, debido a la dimensión cuantitativa del problema, así como a las dificultades para su detección y erradicación por tratarse de una violencia estructural muy insertada en la sociedad.

6.3. Fines de la Ley Orgánica:

A través de la Ley, se articula un conjunto integral de medidas legislativas encaminadas a la consecución de los siguientes fines:

  • El fortalecimiento de las medidas de sensibilización ciudadana, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, asistencial, sanitario y publicitario.
  • El reconocimiento de una serie de derechos subjetivos a las víctimas de esta violencia y, como tales, exigibles ante las Administraciones Públicas, y, de esta manera asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios sociales establecidos al efecto.
  • El establecimiento de un sistema de servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, y de recuperación integral de las víctimas.
  • La garantía a las víctimas de una serie de derechos laborales y funcionariales que les permitan conciliar los requerimientos del trabajo con las circunstancias personales por las que éstas puedan atravesar.
  • La garantía a las víctimas de unos derechos económicos, con el fin de facilitar su integración social.
  • El establecimiento de un sistema integral de tutela institucional, en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de esta forma de violencia.
  • El fortalecimiento del marco penal y procesal vigente con el propósito de asegurar una protección integral de las víctimas, desde las instancias jurisdiccionales.
  • Y la coordinación de los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia sobre las mujeres y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables.

 

6.4 Para lograr los fines pretendidos:

 

6.4.1) La Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia de Género pone en marcha todos los resortes del Estado para terminar con esta lacra social.

 

A través de esta Ley, el Gobierno se compromete, a trabajar,

firmemente, por el derecho de todas las mujeres a la vida, a la integridad física y moral [5], a la libertad y a la seguridad [6], por su derecho a la intimidad personal y familiar [7], sin olvidar, el derecho a la protección de la dignidad de las mujeres en el seno de la familia, llevando este compromiso, en muchas materias, hasta el límite máximo de sus competencias.

 

6.4.2)  En segundo lugar, el Gobierno ha optado por la adopción de medidas de acción positiva para hacer frente a este gravísimo problema social.

Señorías permítanme detenerme muy brevemente, en esta materia, a la vista de la confusión que se ha generado, en los últimos días, como consecuencia de determinadas declaraciones públicas.

Las acciones positivas son medidas que tienden a favorecer a los colectivos tradicionalmente perjudicados, con el fin de facilitar su igualdad real o sustancial en el conjunto de la sociedad.

Para alcanzar este objetivo no es suficiente conque las normas no establezcan diferencias de trato injustificadas, sino que resulta necesario articular mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades, que eviten situaciones discriminatorias de futuro y que reparen los efectos de las discriminaciones ya existentes.

En el ámbito del Derecho internacional, el concepto de acción positiva surge en la Convención de Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1979, sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), al establecer que no se considerará discriminatoria la adopción de medidas especiales, de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de “facto” entre el hombre y la mujer, si bien deberán cesar cuando se alcance los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato.

En el ámbito de la Unión Europea, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en su artículo 141.4, permite a los Estados miembros la adopción de medidas de acción positiva, con el objeto de garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres, si bien las limita al campo laboral.

En España, la base jurídica para poder adoptar medidas de acción positiva se encuentra en la Constitución. En concreto en: El artículo 1.1 [8], en el artículo 14 [9], y sobre todo, el artículo 9.2 que establece que: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

El Gobierno, como no podía ser de otra manera, ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las acciones positivas, a la hora de elaborar el presente Anteproyecto, y de acuerdo con esta doctrina, los límites que las medidas de acción positiva  deben respetar:

  • Hemos tenido en cuenta que las medidas de acción positiva tienen que ser medidas dirigidas a la eliminación de la histórica situación de discriminación que ha padecido el colectivo femenino.
  • Tienen que ser medidas adecuadas, esto es, eficaces para la realización de la igualdad de oportunidades real de las mujeres.
  • Tienen que tratarse de medidas proporcionales, por lo que no pueden pretender discriminar a los hombres, sino poner fin a la situación de discriminación que sufren las mujeres.
  • Y tienen que ser medidas, de carácter temporal, esto es, desaparecida la situación de discriminación, éstas no podrían continuar justificándose.

Señorías, quiero dejarles muy claro que el hecho de que el Anteproyecto contemple medidas de acción positiva para proteger especialmente a quien sea o haya sido la esposa del agresor, o mujer ligada a él por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, por ser la víctima principal de la violencia doméstica, no significa, en ningún caso, que los demás sujetos pasivos del delito de violencia doméstica queden desprotegidos.

Su protección está establecida en la regulación actual de esta materia, considerada como una de las más avanzadas de la Unión Europea, según puso de manifiesto el “Estudio sobre las Medidas adoptadas por los Estados Miembros de la Unión Europea, para Luchar contra la Violencia hacia las Mujeres”, presentado por la Presidencia española del Consejo, durante el primer semestre del año 2002.

6.4.3) Y en tercer lugar, la Ley Orgánica Integral contará con un presupuesto económico al objeto de garantizar la eficacia de sus medidas.

Las leyes requieren suficiente dotación económica, esto es, medios materiales y humanos necesarios para llevarla a la práctica, y por ello, esta Ley cuenta con ellos.

6.5. Medidas contempladas en la Ley Orgánica:

Como ya he señalado anteriormente, el Anteproyecto contempla medidas preventivas, de sensibilización en el ámbito educativo, en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación y en el ámbito sanitario; medidas sociales, sanitarias y de atención personalizada a las víctimas; el Anteproyecto reconoce a las víctimas de esta violencia derechos en materia laboral, de seguridad social y ayudas económicas; y la Ley adopta medidas penales, procesales y judiciales, necesarias para garantizar el máximo nivel de tutela para las mujeres víctimas de esta violencia.

6.5.1.  Medidas de Sensibilización:

El Anteproyecto otorga importancia capital a las medidas de tipo preventivo, dirigidas a toda la ciudadanía, ya que éstas son el cimiento para evitar nuevas víctimas en el futuro.

Así, la Ley incide en la prevención de esta forma de violencia, considerando que el primer paso no puede ser otro que la sensibilización de la ciudadanía, a través de los mensajes institucionales que abran el camino al cambio de actitudes de una sociedad que, en su pretensión democrática, debe ser capaz de erradicar la forma más cruel y vejatoria de discriminación por razón de género.

En esta materia, la Ley considera que los aspectos educativos son la   base de una convivencia asentada en unos valores de respeto y reconocimiento de la dignidad de las mujeres.

Ha de empezarse pues, por el ámbito educativo, que no sólo abarca la   escuela, sino también la familia y, los medios de comunicación.

Son necesarias, pues, medidas preventivas, de tipo educativo formativo en valores de igualdad. Es preciso tener en cuenta que contrarrestar la socialización sexista requiere la utilización de estrategias a largo plazo que deben implementarse a lo largo de la vida escolar de niñas y niños.

Por ello, la Ley específica las obligaciones del sistema educativo, en cuanto a la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En concreto, se incorpora la formación, en el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos, como parte de los fines del sistema educativo. Y se asigna a la Administración educativa la tarea de velar para que los materiales educativos fomenten el igual valor de mujeres y hombres.

Asimismo, se explicita como objetivo el desarrollo de la capacidad del alumnado para actuar con madurez personal, social y ética, de forma responsable en el tratamiento pacífico de los conflictos.

En la educación secundaria obligatoria, se incorpora la educación para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género como contenido curricular.

Y en los Consejos Escolares se incorpora un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. Con este mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones de mujeres.

La Ley velará porque las normas de publicidad respeten la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como en los privados

En el ámbito sanitario, cabe destacar la incorporación, en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas de las profesiones sanitarias, contenidos dirigidos a la detección precoz de la violencia, a la intervención y al apoyo a las víctimas.

Asimismo, se prevé el desarrollo de programas de sensibilización y formación continua, en esta materia, del personal sanitario.

Y se crea, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una Comisión sobre la violencia contra la mujer, de apoyo técnico y planificación de medidas sanitarias.

6.5.2. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género:

La Ley reconoce a las víctimas de la violencia de género, el derecho subjetivo a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, el derecho a la asistencia social integral, a través de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral.

La organización de estos servicios responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

Todos estos servicios se desarrollarán de acuerdo con las Comunidades Autónomas. Para ello, la Ley prevé la creación de un Fondo para contribuir a la puesta en funcionamiento y mantenimiento de los mismos.

También, se garantiza a las víctimas el derecho a una asistencia letrada temprana, especializada y gratuita [10], asegurándoles una misma dirección letrada, en todos los procesos y reclamaciones que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.

Asimismo, la Ley reconoce a la trabajadora, víctima de violencia de género, determinados derechos en materia laboral y de seguridad social.

Así, el derecho a la adaptación y reducción de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, y a la extinción del contrato de trabajo, teniendo la suspensión y la extinción del contrato de trabajo la consideración legal de desempleo, y el tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de seguridad social y de desempleo.

En el Plan de Empleo del Reino de España, la Ley prevé la inclusión de un programa de acción específico para las víctimas de esta violencia en situación de desempleo.

A las mujeres víctimas de la violencia de género, mayores de 55 años, con escasos recursos [11], con especiales dificultades para encontrar un empleo, se les garantiza una ayuda económica de pago único, equivalente a 6 mensualidades del subsidio por desempleo. En los casos, en los que la víctima tenga responsabilidades familiares, el requisito de la edad se rebaja hasta los 50 años, y su importe podrá alcanzar hasta el equivalente a 18 mensualidades del subsidio de desempleo. Estas ayudas serán compatibles con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad sexual.

El Anteproyecto considera a las víctimas de la violencia de género, colectivo prioritario en la adjudicación de viviendas protegidas.

6.5.3. Medidas Penales, Procesales y Judiciales:

La Ley Orgánica contemplará medidas penales, judiciales y procesales, medidas imprescindibles si se pretende proteger a las víctimas y paliar, en la medida de lo posible, el daño causado, con ellas se pretende garantizar el máximo nivel de tutela para las mujeres víctimas de la violencia de género.

Así, se propone la regulación como delito de las amenazas y coacciones leves a la esposa, ex-esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, hasta ahora contempladas como faltas en el Código Penal (artículo 620).

Ello, se pretende hacer así, fundamentalmente por dos motivos: Primero, porque, en la práctica, como ya he señalado anteriormente, las mujeres que son objeto de esta Ley constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica, y en segundo porque, mientras que en otros supuestos, una amenaza o coacción no implica riesgo de muerte, en este contexto la probabilidad es muy alta. Por lo que la agravación del tipo responde a impedir desde los comienzos una espiral de maltrato.

Asimismo, se propone un endurecimiento de las penas del delito de lesiones del artículo 147 del Código Penal, cuando la víctima fuera la esposa, ex-esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia [12], ello por los mismos motivos explicitados.

El Anteproyecto regula como delito las amenazas leves con armas o instrumentos peligrosos, a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, hasta ahora contempladas como faltas en el Código Penal (artículo 620).

Entre las medidas previstas en este ámbito, la Ley contempla la realización de programas específicos, por la Administración Penitenciaria, para internos condenados por delitos relacionados con la violencia sobre las mujeres. La realización de estos cursos se valorará para las progresiones de grado, concesión de permisos y concesión de libertad condicional.

Por otra parte, se crean los Juzgados de Violencia de Género provistos de competencias penales y civiles, en cada partido judicial, excepcionalmente estos Juzgados podrán extender su jurisdicción a dos o más partidos judiciales [13]

La Ley, también, crea un Fiscal de Violencia de Género delegado del Fiscal General del Estado.

 

6.5.4. Otras Medidas:

La Ley Orgánica prevé la creación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a quien formulará las políticas públicas en relación con esta materia, estando legitimada, ante los órganos jurisdiccionales, para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses previstos en la Ley.

La creación del Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer, como órgano colegiado, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponderá el asesoramiento, elaboración de informes y evaluación en la materia que nos ocupa.

El Gobierno al optar por crear la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre las Mujeres y el Observatorio Nacional de Violencia sobre las Mujeres, en la Ley Orgánica, está reconociendo el importante papel que estos órganos administrativos están llamados a desempeñar en esta nueva etapa que comenzamos, garantizando sus funciones y su supervivencia de futuro, de tal suerte que tan sólo otra ley pueda modificar sus competencias o determinar su extinción.

El Anteproyecto potencia la creación de unidades especializadas, en la prevención de la violencia contra las mujeres y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y la Ley abre el camino para que las Policías Locales cooperen en la protección de las víctimas, asegurando el cumplimiento de las medidas de protección acordadas por los órganos judiciales.

 

CIERRE DE LA INTERVENCIÓN

En definitiva, consideramos el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia de Género, un importante Anteproyecto normativo que, una vez aprobado supondrá un avance en la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres, porque es la primera ley de nuestro ordenamiento jurídico que procura, mediante el fomento de la igualdad un cambio de actitudes mediante el sistema educativo y la formación de todos los profesionales que se dan cita en el proyecto de Ley. Será por esto, una referencia obligada para cualquier normativa posterior de igualdad de oportunidades, tanto de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, como de los Estados comunitarios.

Quiero finalizar mi intervención señalando que una ley no cambia la sociedad por su mera entrada en vigor, las mujeres conquistamos el voto la ley crea las condiciones objetivas para el cambio, condiciones que son necesarias, pero no suficientes.

La ley es un punto de partida para que la sociedad evolucione, pero, a partir de este momento, se necesita la colaboración de los Grupos Parlamentarios, de los poderes públicos, en todos sus niveles -estatal, autonómico y local-, de las organizaciones de mujeres, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, etc.

En esta nueva etapa que acaba de arrancar, queremos contar con todas y con todos: con las ONG que trabajan en esta materia, porque no podemos olvidar que la actuación de las organizaciones de mujeres fue de vital importancia para que lo que, hasta un momento determinado era considerado un problema familiar y, por tanto, perteneciente al ámbito privado, pasara a incluirse en el orden del día del debate político, tanto en el ámbito nacional como internacional; con las Comunidades Autónomas que tienen experiencia acreditada en esta materia, disponiendo, incluso, de leyes integrales, como las Comunidades de Castilla-La Mancha, de Navarra, de Canarias y, recientemente, de Cantabria; con las entidades locales y con las y los profesionales que intervienen en esta materia.

Creo que no es necesario poner de manifiesto que la futura Ley Integral respetará las competencias de los diferentes ámbitos administrativos y respetará, como no podía ser de otra forma, las medidas puestas en marcha, con buenos resultados, en diferentes Comunidades Autónomas, con el fin de combatir la violencia de género.

Por ello, para mí una forma correcta de ir enriqueciendo la tarea que me ha sido encomendada es aceptar las críticas, oír las sugerencias y, en lo posible, recoger los sentimientos y opiniones generalizadas, y en primer lugar las que seguidamente los portavoces, en esta Comisión, de los distintos Grupos Parlamentarios, me quieran formular.

Madrid, 29 de junio de 2004

Ref.: 2004/ponencias/violencia/65 compSGPI/

[1] Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, que crea la figura incriminadora de las agresiones físicas en el ámbito familiar, denominada comúnmente delito de malos tratos.
[2] Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección  a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
[3] Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
[4] Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana,  violencia doméstica e integración social de los extranjeros; Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubrede reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional; y la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
[5] Derechos reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española.
[6] Derechos reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española.
[7] Derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución española.
[8] El artículo 1.1 de la Constitución dice: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
[9] El artículo 14 de la Constitución dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
[10] Siempre que acrediten insuficiencia de recursos.
[11] Rentas inferiores, en cómputo mensual, del 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias.
[12] En este caso, la pena pasaría de prisión de 6 meses a 3 años, a prisión de 2 a 5 años.
[13] En concreto, estos Juzgados instruirán los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los Títulos del Código Penal, relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, torturas y otros delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubieses cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al agresor por análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
Pero que instruirán, también, entre otros, los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra las relaciones familiares.
Estos nuevos Juzgados podrán conocer, en el orden civil, en los asuntos que versen sobre relaciones paterno filiales, sobre la guarda y custodia de hijas e hijos menores o sobre alimentos, adopción, resoluciones administrativas en materia de protección de menores, así como todos los procedimientos de nulidad, separación y divorcio.
Como puede observarse, las competencias de estos nuevos Juzgados van más allá de la protección a la esposa, ex esposa, o mujer que esté o haya estado unida afectivamente al agresor.